Luego que el Gobierno anunciara la revocación de 25 pensiones de gracia otorgadas a afectados durante el estallido social con antecedentes penales, recién este lunes fueron ingresados 24 decretos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de iniciar el proceso administrativo.
A través de la prensa, además, se conoció que la primera solicitud fue ingresada durante la semana pasada. Cuestionados beneficios que incluso hicieron que el Ministerio Público iniciara una investigación para detectar posibles irregularidades.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó el hecho y señaló que de no ser por la presión de los medios y la oposición, esto no se habría ejecutado.
"Es impresentable que pasado ya casi un mes desde que el Gobierno anunció la revocación de 25 pensiones de gracia, que ya es insuficiente en atención a la cantidad de delincuentes que la están recibiendo hoy, aún no hagan lo mínimo que es ingresar esas pensiones a Contraloría", declaró el diputado.
"Si no es por la presión de los medios y la opinión pública no habrían ingresado a última hora la revocación de estas pensiones, se siguen despilfarrando valiosos recursos públicos", agregó.
La polémica por la entrega de las pensiones a personas con antecedentes cobró un nuevo impulso luego que la Contraloría revelara los delitos cometidos por algunos beneficiarios, en donde destaca tráfico de drogas, abuso sexual, violencia intrafamiliar, homicidio y producción de material pornográfico infantil.
Actualmente, sólo queda esperar que el órgano contralor haga toma de razón y se pronuncie sobre la solicitud, para lo que posee un período de 15 días hábiles desde el ingreso de los requerimientos, debido a esto, se estima que el primer caso que fue ingresado hace una semana será entregado al Ejecutivo en las próximas semanas.